Las organizaciones Transport & Environment, ECODES y Fundación Renovables han elaborado una “Propuesta de mínimos para la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones” donde solicitan “criterios homogéneos” para implementar estas áreas de reducción de CO2 en las grandes ciudades.

El documento ha sido enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; al de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y entre otras medidas, señala la conveniencia de que El Gobierno apruebe una regulación “ambiciosa y homogénea” de las zonas de bajas emisiones.

Según las organizaciones, estas zonas deberían servir para reducir los niveles de CO2 y otros contaminantes en las grandes ciudades y tendrían que ser “lo suficientemente grandes para impedir el efecto frontera”, es decir, que deberían evitar “un efecto rebote que simplemente relocalice y traslade las emisiones a otras zonas” de las grandes urbes.

Cumplir con la ley

Los responsables del documento basan sus reivindicaciones en las disposiciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que establece la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones y fija como objetivo la reducción de 27 millones de toneladas de CO2 en el sector del transporte y de la movilidad de aquí al 2030.

Recuerdan asimismo que la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligatoriedad de implementar estas zonas antes del año 2023 en los municipios de más de 50.000 habitantes, que aglutinan el 53,1% de la población total de España.

Desde ECODES, T&E y  aseguran que para alcanzar estos objetivos hace falta fijar previamente “unos mínimos”, pues de lo contrario “podemos tener un mosaico de estas zonas” que no tendrían utilidad y serían “simples parches” para cumplir con la Ley del Clima.

Añaden que para que estas zonas sean efectivas y ayuden a luchar contra el cambio climático hace falta que tengan “tamaño suficiente” y que ayuden a trasvasar la movilidad contaminante hacia “otros modos más sostenibles” como los vehículos de cero emisiones o el transporte público.

En estas zonas solo debería estar permitida la entrada de vehículos particulares, públicos y comerciales de cero o de bajas emisiones de CO2, según las organizaciones, que consideran necesario “incorporar un umbral de emisiones” de dióxido de carbono en el sistema de distintivos ambientales de los vehículos de la DGT.

Entre las propuestas que incluyen en el documento para mejorar las zonas de bajas emisiones figuran además la regulación con criterios ambientales del aparcamiento en superficie, el fomento de la movilidad activa o mecanismos de control del cumplimiento de los criterios de acceso establecidos.