El Govern catalán ha puesto en marcha la maquinaria legal para aplicar este año el impuesto catalán a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por vehículos de tracción mecánica, como los coches, las furgonetas o las motocicletas.

El Govern prevé empezar a cobrarlo a partir del 15 de septiembre, pero para ello el próximo 1 de mayo publicará un padrón provisional, accesible para la ciudadanía, en el cual se podrá consultar los vehículos afectados por el impuesto y la cuota a pagar a través de la web de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

De hecho, un simulador de la ATC permite ya calcular el coste del impuesto según las emisiones de CO2 del vehículo -que figuran en la ficha técnica-, aunque en el caso de los turismos el importe irá de entre los 6 a los 60 euros anuales para la mayoría de turismos, según estimaciones de la Generalitat.

Están afectados por este nuevo impuesto los turismos hasta un máximo de 9 plazas, las furgonetas de hasta un máximo de 3,5 toneladas y las motocicletas, y el ejercicio que se liquidará ahora es el correspondiente a 2020.

En cambio, quedan fuera de tributar por este impuesto los vehículos 100 % eléctricos, los turismos con emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro (aunque para el ejercicio fiscal de 2021 ese límite se rebajará a 95 g/km), las furgonetas que emiten menos de 160 g/km, los ciclomotores, los camiones y vehículos de más de 3,5 toneladas, los autocares y los vehículos usados a transportar más de nueve personas, incluido el conductor.

También resultan exentos de este impuesto vehículos como las ambulancias, los vehículos oficiales, los de representaciones diplomáticas y organismos internacionales, los adaptados para personas con movilidad reducida, así como los históricos y clásicos.

La Generalitat ha obtenido los datos para aplicar este impuesto de la información que le facilita la Dirección General de Tráfico.

No obstante, si hay un error en el padrón provisional, los interesados tendrán hasta el 4 de junio para solicitar su modificación, y el padrón definitivo estará listo el 1 de septiembre, de forma que a mediados de mes se activará ya el procedimiento para cobrar este nuevo impuesto, que se calcula que afectará a unos 4,1 millones de vehículos y 2,1 millones de contribuyentes.

Este impuesto fue creado en 2017, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de ese año, y luego su regulación se incorporó a la ley catalana de cambio climático, también aprobada en 2017.

Sin embargo, su aplicación, que debía arrancar en 2018, se ha ido retrasando hasta ahora por diversos motivos, y el Govern fue variando año a año las fechas previstas de implantación del impuesto.

De entrada, el Govern tuvo que hacer gestiones con la DGT para poder tener acceso a la base de datos de vehículos, luego tuvo que depurar los datos, en 2019 hizo una modificación legal para dar más consistencia a esta tributación y para resolver algunas carencias e imprecisiones legales, y con la llegada de la pandemia se reformuló de nuevo su calendario de aplicación.

Con este impuesto verde, la Generalitat pretende incentivar la compra de vehículos no contaminantes y asumir tributos ya presentes en otros países europeos.

Y es que este impuesto grava la emisión de CO2 o dióxido de carbono, uno de los gases que se produce al quemar combustible. Los motores diésel son los que más CO2 generan, pero también lo hacen los de gasolina, aunque en una proporción algo menor.

La recaudación obtenida por este impuesto se usará para nutrir a partes iguales un fondo de cambio climático y otro relacionado con el patrimonio natural y la biodiversidad.

A finales de 2019 el Govern aseguró que quería ingresar unos 150 millones al año con este impuesto cuando estuviera plenamente desplegado.