La organización ecologista Greenpeace ha solicitado al Gobierno que la futura Ley de Movilidad establezca «un mecanismo estable de financiación estatal» donde «la fiscalidad verde» se destine a impulsar el transporte público sostenible.
Según señalan los ecologistas en un comunicado, este fondo de financiación se nutriría de ingresos procedentes de peajes de autopistas, tasas al transporte contaminante «o aportaciones de grandes generadores de movilidad», como afirman que sucede cuando una gran empresa deslocaliza su sede «obligando a su personal a desplazarse fuera de la ciudad».
La propuesta de Greenpeace forma parte del paquete de medidas que la organización ha elaborado para que sean tenidas en cuenta en la futura Ley de Movilidad, una iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que, según recuerdan, fue reclamada por los ecologistas en las elecciones generales de 2019.
Se trata, indican, de «unas propuestas destinadas a lograr un modelo de movilidad socialmente justo» que reduzca las emisiones del transporte, «un sector actualmente responsable del 29% de las emisiones de CO2 a nivel nacional».
Aseguran que estas iniciativas ayudarán a reducir las «más de 31.600 muertes prematuras» que provoca la contaminación atmosférica al año en España y su incidencia sobre las enfermedades respiratorias, «incluyendo la covid-19».
Según Greenpeace, se trata de «dar la vuelta a un esquema de financiación que sigue priorizando los intereses de las industrias más contaminantes» y como ejemplo citan que el Estado destinará 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos al sector de la automoción, mientras dedica 800 millones de euros al transporte regional y 275 millones, aún sin confirmar, al transporte urbano.
«Desde el Gobierno insisten en anunciar un nuevo modelo de movilidad basado en transportes limpios, pero cuando toca repartir fondos la mayor parte se la llevan las industrias más contaminantes», ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, que denuncia la «influencia» del sector del motor en la política.
«El 85% de las emisiones proceden del coche y el avión», recuerdan los ecologistas y por eso reclaman «más trenes y menos aviones» para luchar contra la crisis climática y más dinero de los fondos europeos para mejorar el ferrocarril.
Greenpeace propone cinco medidas a tener en cuenta en la futura Ley de Movilidad, que pasan por «revertir los recortes de horarios» tras el confinamiento; recuperar el ‘trenhotel’ y los trenes nocturnos, incrementar la cuota de mercancías, abaratar las tarifas y suprimir los vuelos cortos cuando exista alternativa por ferrocarril. (EFE)
