El Parlamento de las Illes Balears ha aprobado ayer 12 de febrero su nueva normativa para hacer efectiva la transición hacia las energías limpias. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears es pionera en el ámbito estatal, y sitúa a las Illes Balears como uno de los gobiernos más avanzado a la hora de abandonar el uso de combustibles fósiles en las islas.

El horizonte que marca la ley es alcanzar unas Illes Balears libres de combustibles fósiles y con el 100% de energías renovables en 2050. Para el 2030 las previsiones son disponer de un 35% de renovables, un 23% de reducción del consumo energético y una disminución del 40% de las emisiones contaminantes.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que ya ha denunciado la normativa ante la Comisión Europea, ha advertido de que más de 300.000 personas que se desplazan al año a Baleares con su coche se verán afectadas por la nueva ley. La patronal de fabricantes denuncia que las medidas planteadas en Baleares son «arbitrarias y desproporcionadas», que carecen de «respaldo técnico o científico», que incumplen el derecho comunitario y que generan un impacto negativo en el sector.

Las medidas principales que incluye la ley en lo referente a la movilidad sostenible son la creación de mil puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100% del parque móvil descarbonizado en 2050.

Estos objetivos implican una serie de pasos, como la prohibición de la circulación de coches y motos diésel en 2025 (excepto los ya existentes en las Illes Balears, que podrán seguir circulando). 2035 sería otra fecha importante con la prohibición de la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes (incluye gasolina) excepto los ya existentes en las Illes Balears.

Las medidas principales que incluye la ley en lo referente a la movilidad sostenible son la creación de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100% del parque móvil descarbonizado en 2050.

Con respecto a las empresas de alquiler, estas deberán, de forma progresiva y obligada, incluir vehículos eléctricos o no contaminantes en sus flotas a partir de 2020 (2% inicial) hasta llegar al 100% en 2035.

Además la ley establece una serie de sistemas de control sobre la flota para garantizar que se va produciendo este cambio. Así, un mes después de la entrada en vigor de la ley, estas empresas tendrán que informar a la Administración de la lista de los vehículos que tienen matriculados, de los que son de emisiones cero y de si son contaminantes. Un distintivo identificará la flota de alquiler y si los vehículos son de emisiones cero.

Por otra parte, la ley incorpora también la posibilidad de que los municipios en los que haya áreas en las que se superen los valores límite de calidad del aire fijados establezcan restricciones de circulación para los vehículos.

Finalmente, también incorpora la necesidad de fijar, de acuerdo con el Estado, medidas para reducir la contaminación de los barcos, como la declaración de zonas ECA (áreas en las que se establecen límites para las emisiones de gases de los barcos), junto con la definición de los criterios mínimos en materia de emisiones y calidad del aire, que tendrán que cumplir las embarcaciones en las proximidades del territorio de las Illes Balears.