La Comunitat Valenciana se sitúa 3,9 puntos por debajo de la media española en electromovilidad, con diferencias respecto a Madrid, Baleares, Cataluña y Asturias, que lideran la clasificación en el primer trimestre del año, si bien ha registrado un avance de 2,9 puntos.
España se mantiene en los últimos puestos de la electromovilidad en la Unión Europea y aunque avanza en la implantación del vehículo eléctrico, lo hace a un menor ritmo que los países de sus entorno, con los que ha agrandado la brecha que los separa, según el Barómetro de Electromovilidad de Anfac.
Según el informe que elabora trimestralmente la asociación de fabricantes de automóviles, entre enero y marzo, España mejoró en 2,3 puntos, hasta lograr una nota de 20,9 puntos, en el indicador global de electromovilidad, que evalúa tanto la penetración de los vehículos electrificados, como la instalación de infraestructuras de recarga públicas.
Por su parte, la puntuación media europea se situó en 44,5 puntos, lo que supone una mejora de más de 4 puntos respecto al trimestre anterior, con lo que se acentuó la brecha entre España y el resto de los países de su entorno.
A la cabeza de la clasificación se mantienen países como Noruega (298,5 puntos), Holanda (289,3 puntos), Alemania (62,7 puntos), Reino Unido (48,8 puntos), Francia (48,7 puntos) y Portugal (45 puntos).
Según la misma fuente, pese a sumar puntos, España descendió un puesto en la clasificación europea y pasó a situarse la tercera por la cola, superando sólo a Hungría y República Checa, y por debajo de Italia, que nos superó al mejorar en 5,9 puntos debido al incremento de la demanda que ha provocado el plan de ayudas para la compra de electrificados puesto en marcha en el país transalpino.
En el ámbito nacional, cuatro comunidades autónomas se situaron por encima de la media de España, encabezadas por Madrid, que mejoró 3,3 puntos y sumó un total de 28,4 puntos.
Baleares fue la comunidad que registró un mayor avance, con un crecimiento de 4,4 puntos y una puntuación global de 26,8 puntos, y también se situaron por encima de la media Cataluña y Asturias, con 24 y 21 puntos, respectivamente. La Comunitat Valenciana, por su parte, se sitúa en 17 puntos.
El crecimiento de las ventas de los vehículos electrificados en el primer trimestre, que triplicaron a las de 2019 (antes de la pandemia) y elevaron la nota de este apartado hasta los 34 puntos (+2,4 puntos), se vio lastrado por el hecho de que el desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público sólo mejoró 2,2 puntos y alcanzó una valoración global de 7,8 puntos sobre 100.
En el último trimestre, los puntos de recarga de acceso público en España registraron un incremento del 34 %, hasta alcanzar los 11.517, ha valorado Anfac, que, no obstante ha advertido de que el crecimiento se produce en niveles potencia asociados a carga lenta, inferior o igual a 22 kilovatios (kW).
Los fabricantes demandan medidas eficaces para lograr los objetivos de electrificación
«Nos encontramos en un punto de inflexión crucial. Si queremos que la electromovilidad sea una realidad, es hora de implantar medidas eficaces que, con el apoyo de la Administración, aceleren la transición del vehículo y, por lo tanto, cumplamos con los objetivos de descarbonización y de renovación del parque. Hay una amplia oferta, pero todavía una escasa demanda», ha aseverado el director general de Anfac, José López-Tafall.
No obstante, ha confiado en que en los próximos trimestres se dejen notar los efectos del Plan MOVES (con ayudas para la compra de vehículos eléctricos y para la implantación de puntos de recarga), aunque todo dependerá de la agilidad de las autonomías a la hora de gestionar los fondos.
«Estas ayudas son muy necesarias, pero es igualmente necesario avanzar en las medidas y gobernanza del despliegue de infraestructuras, así como no introducir incertidumbre en la ciudadanía, darle tranquilidad sobre el futuro de la movilidad y los vehículos», ha advertido el directivo.
En este sentido, ha abogado por consolidar herramientas útiles y que funcionan, como las etiquetas de la DGT, para que el consumidor pueda elegir su vehículo en función de sus necesidades y se impulse la electromovilidad en base a sus beneficios en mejora de la calidad del aire.