Seleccionar página

El Gobierno da luz verde al proyecto de Ley de Crisis climática con un lejano horizonte 2040 para vehículos cero emisiones

El Gobierno da luz verde al proyecto de Ley de Crisis climática con un lejano horizonte 2040 para vehículos cero emisiones

El Gobierno ha dado luz verde este martes 19 de mayo al proyecto de ley de crisis climática con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables, en un contexto enmarcado en la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria por la COVID-19.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha manifestado que esta ley refleja «el modelo que queremos» para nuestro país y para Europa y sobre todo sirve para «cumplir con las generaciones más jóvenes» que no deben «heredar hipotecas que no les tocan— sino compromisos de futuro, respetuosos con el planeta y compatibles con un modelo de desarrollo «inclusivo y sostenible».

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, consta de 36 artículos y con su aprobación hoy, inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.

Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.

Para ello en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.

Asimismo sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar «un parque de turismos sin emisiones directas de CO2» y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de COVID, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.

La ministra Teresa Ribera durante su comparecencia. Foto: EFE

Para el Gobierno, uno de los objetivos climáticos es que los coches de uso particular reduzcan poco a poco las emisiones, y que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, que se vendan en España, tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040.

Para ese fin se instalarán progresivamente puntos de recarga en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, en la actualidad el 10 % de la red.

La norma también establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la ordenación urbana, medidas para reducir las emisiones incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones nunca más allá de 2023.

Ecologistas: en un momento clave, pero insuficiente

Los ecologistas creen que la Ley del Clima aprobada este martes por el Consejo de Ministros llega en «un momento clave» y será una «pieza fundamental» en la recuperación socioeconómica tras la pandemia de la COVID-19, pero consideran que «no es lo suficientemente ambiciosa».

Para Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, el momento de presentación de la ley «es fundamental y esperamos que en su tramitación parlamentaria haya responsabilidad y consenso de todos los grupos para asegurar un texto ambicioso, que dé respuesta a las recomendaciones científicas».

«Necesitamos voluntad, valentía y poner en el centro la lucha contra la crisis climática, no sólo del Gobierno central, sino de todos los grupos parlamentarios, y empujar a nivel autonómico para asegurar que la ley salga adelante», ha aseverado.

Ha lamentado que, pese a las recomendaciones de reducir las emisiones anualmente al menos un 7,6 por ciento en la presente década, la propuesta del gobierno «la deja en un 3 por ciento anual, que quedaría muy lejos de evitar los peores impactos del cambio climático».

«España es uno de los países europeos más vulnerables y por tanto deberíamos liderar esa lucha», ha opinado, con una planificación y unos cambios estructurales «que aseguren las transformaciones en sectores clave, como son el transporte, el agrícola o el eléctrico».

Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, ha afirmado que «avanzar en esta ley es un paso importante», pero ha coincidido en que «los compromisos son claramente insuficientes» y ha reclamado «responsabilidad» a los partidos políticos para que se posicionen en un incremento de la ambición y mejoren el texto de la ley.

«El contexto plantea la necesidad de que las medidas de recuperación frente a la crisis del coronavirus estén ya dentro de un marco de actuación climática, no podemos seguir incentivando económicamente sectores que no van a ser competitivos y compatibles con la lucha climática», ha subrayado.

Para David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, la ley recoge «algunos avances» respecto a textos anteriores y es «muy importante» el momento en que se aprueba, «para reforzar el debate sobre la transición ecológica con el que trabaja el comité para la reconstrucción, pues ambas cosas tienen que ir de la mano, se tienen que retroalimentar».

Howell ha reconocido el esfuerzo del Gobierno «diez años después de las primeras campañas de emergencia climática» con una ley que, no obstante, debe ser más ambiciosa, pero «es la mejor salida a la crisis sanitaria, social y económica para crear una economía a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático».

Ha valorado el esfuerzo por aumentar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas ricos en carbono, que son «fundamentales en la lucha contra el cambio climático», pero ha explicado que «se puede ir más allá», y en este sentido SEO/BirdLife propondrá crear un comité independiente de científicos que asesore al Gobierno.

Para Mar Asunción, responsable del Programa Clima y Energía de WWF España, «el momento es clave y hay que tener la ley cuanto antes para que sea uno de los instrumentos que rija la recuperación económica», en la que «se debe asegurar que el dinero que se  inyecta a la economía tenga criterios de descarbonización».

Ha reclamado mayor ambición, porque el objetivo de reducción de emisiones «no está a la altura de la capacidad y de la responsabilidad de España como país desarrollado. Desde WWF, pedimos un objetivo de al menos un 50 por ciento para 2030 y que los diferentes marcos normativos tengan una coherencia», ha señalado.

El sector de la automoción ve positiva la ley

Como era de esperar con un horizonte tan lejano, la principales asociaciones del sector del automóvil han valorado el proyecto de ley de crisis climática aprobado este martes por el Gobierno y han celebrado que no existan prohibiciones taxativas sobre ninguna propulsión.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), ha valorado que no existan prohibiciones taxativas en el proyecto de ley, así como la generación de «un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa» porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar «una hoja de ruta clara».

La Asociación ha explicado en un comunicado que el proyecto, aprobado hoy, es una «una iniciativa positiva» en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del parque en 2050, «con los que el sector de la automoción está plenamente comprometido». Su director general, José López-Tafall, ha señalado que esta ley «era muy necesaria» porque configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo. Un punto de partida «para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades».

Anfac considera «imprescindible» que estas medidas estén coordinadas y promuevan la recuperación del sector en un entorno de crisis debido al coronavirus, «en línea con el plan de choque de medidas específicas y coyunturales que reclama la automoción».
La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha señalado en un comunicado que el proyecto de ley de crisis climática «es un punto de partida», aunque espera que se concreten las herramientas para conseguir el objetivo común, que pasa «por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones».

Faconauto considera positivo que se fije un horizonte para la descarbonización progresiva del parque automovilístico «en línea con las directrices europeas y sin establecer prohibiciones».
La patronal ha explicado que esta medida aporta «claridad y transmite confianza» a los consumidores a la hora de cambiar su vehículo porque podrán optar «sin miedo» por todas las tecnologías disponibles.

Mientras, Raúl Palacios, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), en una nota se ha mostrado satisfecho con que el proyecto del Gobierno no contemple prohibiciones taxativas sobre ninguna propulsión porque, de esta forma, «se puede construir una hoja de ruta ordenada y eficaz hacia la descarbonización», y porque da certidumbre a los consumidores.

La Asociación ha instado a la Administración a «sentarse cuanto antes» para poner en marcha un plan coordinado que permita cumplir con los retos medioambientales europeos y que impulse la recuperación de la automoción, «en un momento en el que la crisis del coronavirus ha parado en seco su evolución».

Palacios ha explicado que «la automoción está completamente comprometida» con la futura ley que tiene como objetivos que el sistema eléctrico sea totalmente renovable antes de 2050 y que los coches nuevos sean de cero emisiones antes de 2040.

El director general de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), José Portilla, ha señalado que «es perentorio establecer una hoja de ruta clara que permita a nuestro país seguir siendo referencia en automoción».
Portilla ha asegurado que se ponen a disposición del Gobierno para trabajar en aquellas medidas que permitan a los proveedores de automoción acometer la transición industrial y tecnológica «con plenas garantías».