El pleno del Senado ha dado luz verde por mayoría al proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, tras rechazar de nuevo el veto de Vox, antes de volver al Congreso para su ratificación definitiva y su posterior entrada en vigor.
El proyecto de ley, tramitado por el procedimiento de urgencia, ha salido adelante con los votos de la mayoría y se ha mejorado durante su paso por el Pleno con la aprobación de varias enmiendas, entre las que sobresale una de apoyo a la protección de las praderas de posidonia, un tesoro endémico del mar Mediterráneo a preservar.
Otra de las enmiendas aprobada, en este caso transaccionada y con un gran carácter territorial, ha resuelto que los municipios que acojan obras publicas de interés general incluidas en el Plan de Residuos Radiactivos, no otorgarán licencias, pero sí que informaran y recibirán el impuesto de construcciones.
Esta modificación del texto aporta valor para territorios que deberán afrontar el cierre de las centrales nucleares, porque según fuentes del Senado, los municipios no solo serán parte del proceso, sino que además podrán garantizar su suficiencia financiera.
La votación ha tenido lugar horas después de un largo debate celebrado por la mañana en el hemiciclo, donde también han estado presentes varios representante de las organizaciones ecologistas que han aplaudido las intervenciones a favor de esta ley, cuyo objetivo fija la neutralidad climática en España para 2050.
Una ley “necesaria”
Casi todos los grupos ha hecho hincapié en la “necesidad” de esta norma, y han apostado por las renovables, un aumento de la ambición climática y del impulso a los desplazamientos en tren, en detrimento del avión, a la vez que han incidido en facilitar ayudas y trámites para acelerar la instalación de los puntos de recarga del coche eléctrico.
En su veto, el senador de Vox, José Manuél Marín Gascón, ha señalado que este proyecto de ley climática pretende transformar el modo de vida de los españoles “sin atender a la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos”, y ha precisado que su grupo apoya el medio ambiente, pero “no a cualquier precio”.
La portavoz del grupo socialista en el Senado, Cristina Narbona, ha rechazado con “contundencia” el veto, para destacar que para el Grupo Socialista, el cambio climático es un “extraordinario desafío ético a escala global” y una amenaza contra los derechos humanos de todos los habitantes del planeta.
Por su parte, el senador del PP Juan Manuel Juncal ha defendido el voto en contra de su grupo al veto de Vox pues opina que la ley de cambio climático “es necesaria” pero también “cuestionable”, porque no debería haberse tramitado por la vía de urgencia “minusvalorando” el trabajo del Senado, además de por la “incertidumbre” de algunos de sus artículos, en especial el relativo a las concesiones de la Ley de Costas.
“Lamentamos que el Gobierno prime la publicidad con esta ley que traerá una transición injusta -ha observado Juncal- para destacar que su grupo apoyará a más de un centenar de enmiendas de todos los grupos, lo que demuestra “la coherencia de los populares al decir que la ley merecía más consenso”.
Premura en la tramitación en el Senado
La socialista Cristina Narbona y los partidos con menor representación en el Senado también han lamentado la premura con la que se ha tramitado la ley en dicha Cámara, dándole a este organismo un papel “meramente testimonial” y dejando a un lado, han afirmado, su “carácter territorial” y las aportaciones de los grupos regionalistas que no cuentan con representación en el Congreso.
Desde Ciudadanos, Miguel Sánchez López ha reprochado la “prisa en la tramitación” de una ley que necesita de un gran debate de legislatura, y ha urgido, sobre todo, salvar el mar Menor, un problema de Estado del que apenas se ha hablado durante el debate, y del que -ha asegurado el senador- se trata de un ecosistema al borde del colapso.
Por el grupo Izquierda Confederal ha tomado la palabra el senador Eduardo Fernández Rubiño para afirmar que la crisis climática “es sinónimo de desigualdad social y de deterioro de ecosistemas y acrecienta el riesgo de pandemias”.
Tras su paso por el Senado, el texto se deberá ratificar en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, seguramente en mayo, y la nueva ley entraría en vigor después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
